Ciberdelitos, privacidad e Inteligencia Artificial: ¿está preparado el marco legal para el futuro digital?

Recientemente hemos asistido a casos de gran impacto mediático en los que ciberdelincuentes han logrado acceder a datos confidenciales y personales de cientos de miles de personas. Ante filtraciones y brechas de seguridad de tal magnitud, surge de inmediato una pregunta recurrente: ¿va la tecnología más rápida que la ley, o tenemos las herramientas necesarias para protegernos y exigir responsabilidades?

A poco tiempo del Día del Abogado Europeo, la jurista y docente, Susana Checa reflexiona sobre las consecuencias penales de estos ataques, la responsabilidad de las empresas e instituciones y los retos éticos que definen la profesión del abogado del mañana.

El marco penal ante el cibercrimen: ¿un problema de leyes o de prevención?

En nuestro ordenamiento jurídico, las consecuencias a las que se enfrentan los ciberdelincuentes son más severas de lo que habitualmente se cree:

• Acceso ilícito: El mero hecho de acceder de forma no autorizada a un sistema informático ya constituye un delito castigado con penas de seis meses a dos años de prisión.
• Apoderamiento de datos: Apoderarse de datos personales conlleva penas de uno a cuatro años de cárcel.
  Cesión o venta a terceros: Si esos datos recopilados se ceden o comercializan, las penas se elevan de dos a cinco años.
• Ánimo de lucro y delitos conexos: Cuando existe ánimo de lucro, las penas se aplican en su mitad superior, sumándose habitualmente acusaciones por daños informáticos, blanqueo de capitales o pertenencia a organización criminal.

A la luz de estas penas, no considero que el Código Penal sea el punto débil. El Derecho Penal, por su propia naturaleza, interviene cuando el daño ya se ha producido. La verdadera asignatura pendiente está en la prevención. Por ejemplo, España debía haber traspuesto la Directiva europea de ciberseguridad (NIS2) en octubre de 2024 y la norma sigue sin completar su tramitación parlamentaria. El problema no es que la tecnología corra más que la ley, sino que existe una regulación escrita que no se termina de aprobar.

La responsabilidad de las organizaciones: la obligación de la diligencia

Cuando se produce un ataque informático masivo, el foco no solo recae sobre el atacante, sino también sobre la entidad encargada de custodiar la información.

"El Derecho no exige a ninguna organización ser invulnerable, porque la invulnerabilidad no existe. Lo que exige es diligencia y la capacidad de demostrarla". afirma Susana Checa.

La Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) no sanciona por el mero hecho de sufrir una brecha de seguridad, sino por la falta de diligencia previa o posterior a la crisis (por ejemplo, al minimizar el incidente o no notificarlo dentro del plazo legal de 72 horas). Las sanciones administrativas pueden alcanzar hasta los 20 millones de euros o el 4 % del volumen de negocio global de la compañía.

Sin embargo, me preocupa la asimetría del sistema: cuando la entidad afectada es una Administración pública, no existen multas pecuniarias sino apercibimientos, y la responsabilidad penal de las personas jurídicas no alcanza al Estado. Aunque el ciudadano perjudicado sea exactamente el mismo, la pregunta ética clave sigue siendo transparente: ¿quién, con nombre y apellidos, decidió las medidas de seguridad y responde por ellas?

Los nuevos desafíos éticos del abogado en la era digital
En este entorno de vulnerabilidad constante, la labor del jurista ha cambiado de forma radical. Al asesorar en privacidad, gestión de crisis por ciberataques o implementación de algoritmos e Inteligencia Artificial, los abogados afrontamos dos grandes desafíos éticos:

1. No confundir redactar con responder: Herramientas de IA como los modelos generativos redactan textos con fluidez, pero no firman. Como determinó el Consejo General de la Abogacía Española, el abogado es el único responsable de los escritos que presenta y la IA actúa como un auxiliar sujeto a supervisión humana. En nuestras investigaciones académicas (publicadas en revistas especializadas como Law, Innovation and Technology), sostengo que lo que se ahorra en redacción se paga en verificación, y esa comprobación es indelegable.
2. Asesorar con independencia en plena crisis: Tras sufrir un ciberataque, la tendencia de muchas empresas es buscar el silencio. La responsabilidad ética del abogado exige aconsejar justo lo contrario: notificar a las autoridades, alertar a los afectados y dejar constancia transparente. Es ahí donde se mide la verdadera independencia del profesional.

Formación universitaria en UNIE: criterio y carácter frente a la máquina

Ante la pregunta de cómo preparamos a las nuevas generaciones de juristas desde las aulas de UNIE Universidad, suelo hacer un matiz importante respecto a la "rapidez": la rapidez ya la aporta la máquina; la universidad debe formar el criterio para verificar lo que la máquina produce y el carácter para responder de ello.

En la Facultad de Ciencias Jurídicas y Tecnológicas de UNIE especializamos desde el primer día a nuestros estudiantes en tecnología jurídica. No nos limitamos a enseñar el manejo de herramientas —las cuales cambian cada año—, sino a comprender cómo funcionan por dentro, dónde pueden fallar y qué marco normativo las regula. Esto se trabaja de forma transversal en las asignaturas, en las prácticas profesionales y mediante la experiencia práctica de nuestra clínica jurídica en el UNIE Legal Hub. Un jurista que no comprende la herramienta que utiliza no puede firmar con tranquilidad.

Una vocación con más valor que nunca

En el marco de fechas señaladas para la profesión como el Día de la Abogacía, me gusta recordar qué me motivó a elegir el camino del Derecho y qué le diría a un estudiante que se plantea su futuro universitario:

El Derecho es, en esencia, el oficio de quien pone su nombre y responde por otro. Durante un tiempo se especuló con que la tecnología haría prescindibles a los abogados. Ha sucedido justo lo contrario: cuantos más textos se producen de forma automatizada sin que nadie asuma su autoría, más valor cobra la persona que los revisa, los valida y da la cara. Si sientes esa vocación de asumir responsabilidad y proteger los derechos de los demás en la era digital, el Grado en Derecho es sin duda el camino para ti.